Varias organizaciones no gubernamentales y numerosos activistas del país han lanzado campañas muy visibles en respuesta a que, desde el año pasado, ya se encuentran en evaluación algunas solicitudes para la siembra a nivel comercial de variedades genéticamente modificadas de soya, algodón y maíz, principalmente. Sin embargo, cuando se consideran los espacios y los métodos que utilizan, da la impresión de que las objeciones no tienen un sustento científico y las acciones parecen el resultado de la ociosidad urbana en lugar de buscar el bienestar campesino.
Aunque los textos que he publicado en este espacio pueden dar la impresión de que estoy a favor de la siembra indiscriminada de cultivos transgénicos en México –como lo sugiere el tono de los comentarios que desencadenaron esas columnas en SinEmbargoMX y en Twitter–, mi intención es hacer un análisis crítico y racional del tema. El problema que veo es que varios de los argumentos anti-OGM más utilizados son muy malos y otros son, de plano, falsos y deben ser expuestos como tales. Parten de la ideología y no de la consideración seria de la evidencia científica. Otros argumentos, en cambio, como la reiteradamente demostrada contaminación genética en maíces criollos, son ciertos y deberían tener una mejor difusión. Si los tomadores de decisiones y, sobre todo, los habitantes de las regiones donde se podrían establecer plantaciones de GM cuentan con la información verdadera y suficiente podrán tomar mejores decisiones y emprender mejores acciones.
Hoy esbozaré el escenario en el que se están considerando las solicitudes de siembra comercial de cultivos GM. Veremos que no es tan apocalíptico como se pinta. La próxima semana revisaré algunos de los argumentos más recurrentes en las campañas anti-OGM y por qué creo que están mal enfocadas.
La liberación de organismos genéticamente modificados está regulada en México por la ley de bioseguridad que fue promulgada por Vicente Fox en 2005. En ella se establece que para solicitar permiso de siembra de transgénicos se debe integrar un expediente muy completo, incluyendo la secuencia del gen que se insertó y de los sitios en el genoma de la planta donde se incorporó, pruebas de laboratorio de inocuidad alimentaria y descripción de las salvaguardas ambientales que se implementarán –por ejemplo, la distancia que separa al predio donde se quiere sembrar de otras parcelas sembradas con maíz convencional; aunque es cierto que para especies que son polinizadas por el viento, como el maíz, es prácticamente imposible determinar una distancia “segura”–.
Además de la larga lista de requisitos que deben acompañar a cada solicitud de liberación, la ley indica que los permisos se otorgan caso por caso. Es decir, un permiso para sembrar cierta soya en la parcela A no faculta para sembrar maíz ni otra soya en la misma parcela. La autorización tampoco permite sembrar esa soya en la parcela B, aunque esté muy cerca. Si se cambia el lugar o la semilla, se debe solicitar un nuevo permiso. Más aún, para que se llegue a autorizar la siembra comercial de cierta semilla en un sitio específico, se tuvo que haber obtenido permiso para una siembra experimental y para una liberación de programa piloto. Para fines prácticos, las solicitudes de liberación comercial que se están evaluando actualmente son el resultado de por lo menos dos años de liberaciones de menor escala. No entiendo de dónde viene la sorpresa de algunas de estas organizaciones opuestas –aunque sí la alarma, porque la liberación de OGM gran escala parece inminente en algunos casos–. Yo preguntaría, dónde estaban hace siete años cuando se discutió la ley o hace cuatro años cuando se empezaron a autorizar liberaciones experimentales.
La evaluación de las solicitudes también incluye una consulta pública a la que se somete cada solicitud. Esto permite que cualquier persona pueda argumentar en contra o a favor. Estoy de acuerdo en que es de flojera ponerse a vigilar la página de SENASICA, identificar cuales solicitudes están en consulta pública y redactar y enviar documentos específicos. De hecho –aunque es irrelevante para el punto que quiero hacer– preparé argumentos en contra de la autorización de algunos de los primeros permisos de liberación experimental que se sometieron a consulta pública en 2009; según mis cuentas era mucho mayor el riesgo de contaminación en Nayarit que en Sonora o Sinaloa. Ciertamente es más espectacular y mucho más fácil convocar a la prensa para que documente cómo se cuelgan mantas de protesta en los edificios y monumentos desde la comodidad que brinda el centro de la Ciudad de México, aunque es más útil y más serio hacerlo caso por caso.
Hasta el momento no existen autorizaciones de maíz a nivel comercial en México, pero sí hay numerosas solicitudes que esperan su evaluación y dictamen. Seguramente esto es lo que ha desencadenado las campañas de protesta recientes. Para ser ciertos, desde 2009 se han autorizado liberaciones experimentales de maíz GM. En ese año se autorizaron 203 mil hectáreas (95% del área solicitada) de todos los OGM. En cambio, en 2012 se autorizaron sólo se autorizó 18% de las 3.7 millones de hectáreas solicitadas, si bien, una buena parte de las solicitudes aún se encuentran en evaluación.
Debemos tener una discusión seria sobre el tema. En México hubo una época en la que no se podían cuestionar algunos temas –por ejemplo, la Virgen de Guadalupe antes de Schulemburg o el Ejército antes de 2007–. Dada su importancia fitogenética, económica y cultural, el maíz no puede ser uno de esos temas. La próxima semana veremos por qué.