De manera similar al disparatado y abusivo intento de las tequileras trasnacionales por adueñarse de la palabra agave, algunos empresarios del sector turismo están promoviendo cambios al artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que protege a los manglares. De lograrse, los cambios darían rienda suelta a la construcción de infraestructura hotelera, portuaria y acuícola en los sitios donde actualmente se distribuyen esos ecosistemas.
Según reporte de esta semana en El Universal, el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, Romárico Arroyo Marroquín, quien, por cierto, fue el Secretario de Agricultura del doctor Zedillo, afirmó que no existe evidencia científica que justifique la redacción de la legislación en su actual forma. La declaración, de ser cierta, refleja una absoluta ignorancia sobre la ecología y la hidrología de los manglares o un dolo descomunal con el que se pretende manipular a los miembros de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, cuyo presidente ya ofreció modificar la ley.
El artículo en disputa fue agregado a la Ley en 2007 como una medida urgente de protección a un ecosistema que brinda servicios ambientales tan diversos que van desde la protección contra huracanes y la contención de la erosión, hasta ser sitio de desove y crecimiento de especies comerciales como camarones y distintas especies de peces. El artículo dice que “queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar."
En contraste con la opinión de Arroyo sobre la supuesta falta de evidencia científica sobre la importancia de conservar a los manglares, una búsqueda rápida en la Web of Science, la base de datos sobre publicaciones científicas mejor valorada en nuestro país, revela que existen más de nueve mil artículos científicos sobre manglares; el año pasado, nada más, se publicaron 750. Algunas de estas publicaciones, incluyendo 21 del año pasado, contemplan valoraciones económicas de los diversos servicios ambientales que prestan estos ecosistemas.
Seguramente los miembros de la comisión de turismo de la Cámara de Diputados no tendrán tiempo –a todos nos queda claro que capacidad y disposición sí las tienen– para revisar las publicaciones mencionadas, por lo que pueden recurrir a la información que a lo largo de los años ha generado la CONABIO con el concurso de los especialistas en el tema.
Un ejemplo clarísimo del resultado del desmonte de manglares y de la alteración de la hidrología de un sitio es Cancún. En ese destino vacacional la construcción de numerosos hoteles en la parte externa de una laguna costera alteró dramáticamente la capacidad del lugar de reponerse a tormentas, como lo ilustra la devastación que trajo el huracán Wilma, según lo explica el trabajo que investigadores de la UNAM, el CINVESTAV y la Universidad Autónoma de Campeche, encabezados por el doctor Rodolfo Silva Casarín, publicaron el año pasado en la revista alemana CLEAN- Soil and Water. Como resultado del paso del huracán por Cancún, se perdieron más de siete millones de metros cúbicos de arena, como seis veces el volumen de la Pirámide del Sol. En consecuencia, aproximadamente 70% de la superficie de la playa cubierta por el agua perdió su arena y dejó expuesta a la roca. Desde entonces, las autoridades locales han tenido que solventar el gasto de traer arena de otros lados para mantener las playas en las que nos asolearemos durante las vacaciones de primavera, en lugar de invertir en servicios para la población local.
En el caso del intento de secuestro de la palabra agave la autoridad, con presión de la comunidad académica y la sociedad civil, paró la acción reconociendo que era un disparate. En el caso de este atentado en contra de los manglares tocará al pleno de la Cámara contener el daño, particularmente a los miembros de las comisiones que atienden temas ambientales y económicos. El particular también presenta, en mi opinión, una evaluación interesante para el Secretario Guerra Abud, quien al principio de su gestión señaló que aunque la economía será la prioridad para el gobierno federal, no lo sería a costa del ambiente. Después de todo, lo que se defiende no son ociosidades poéticas ni necedades chairas, se trata, nada menos, de mantener los sistemas que sustentan la vida en el planeta.